La seguridad vial somos todos

La seguridad vial somos todos

image
La Fiscalía advierte que también perseguirá a la Administración cuando sus carreteras sean peligrosas.

La seguridad vial pasará en breve a ser mucho más que una responsabilidad exclusiva de los conductores, al menos desde el punto de vista penal.

Ahora la cuestión abarca a todos los ciudadanos, desde particulares a profesionales de la asistencia sanitaria o funcionarios. Al menos es lo que pretende la Fiscalía General del Estado, que a través de su fiscal coordinador de seguridad Vial, Bartolomé Vargas, se ha propuesto abrir el foco para perseguir todas aquellas conductas y situaciones que generen inseguridad en la carretera y que puedan constituir delito. Sin dejar de lado grandes excesos de velocidad, o consumo de alcohol, todo aquello que genere un grave riesgo para la circulación está en el punto de mira.

Que se lo pregunten si no a I. C. P. La Fiscalía le pide algo más de 5.000 euros, fianza y cuatro meses de prisión por un suceso que en otra ocasión hubiera sido considerado un accidente de tantos. Al decidir cruzar a pie la M-40 madrileña a las seis de la mañana del pasado 6 de junio, provocó que un Chrysler Voyager tratara de esquivarle y así, colisionara con un Golf, mandando al hospital a tres personas. Lo que determinó la intervención de la Fiscalía fue que la Guardia Civil detuvo al acusado, que se encuentra a la espera del juicio.

Con todo, ampliar la responsabilidad de las situaciones de riesgo en la carretera supone incluir entre los posibles acusados a los propios gestores de las vías, un asunto que la Fiscalía reconoce que ha sido tratado «en muy pocas ocasiones» y que apuntaría desde el Ministerio de Fomento a los ayuntamientos, pasando por constructoras y concesionarias de autopistas, por ejemplo.

«No es que la Fiscalía vaya a estudiar cada accidente de tráfico en el que se apunte a la infraestructura como responsable, porque eso es algo que ya se lleva a los juzgados y que exige indemnizaciones patrimoniales», explica el fiscal adjunto, Agustín Hidalgo.

«Serán casos más complicados», advierte Hidalgo. Tomando como ejemplo un punto negro de la carretera, deberá demostrarse que su existencia era conocida desde hace tiempo por los funcionarios de la administración y que, además, estos no hicieron nada para solucionarlo.

«Con ese punto de partida, sí sería posible iniciar un caso tanto a iniciativa propia como por la denuncia de un afectado aunque hay más condicionantes», apunta el fiscal, que añade que el acusado sería siempre un funcionario de la administración y no la institución.

El aviso de la Fiscalía llega solo 15 días después de que el Ministerio de Fomento y el del Interior firmaran un convenio para, a lo largo de los próximos tres años, reparar lo que denomina «Tramos de Concentración de Accidentes (TCA)» en las carreteras del Estado.

Aunque las carreteras españolas cuentan con alrededor de 800 puntos negros, sólo las pertenecientes al Estado suman 776 TCA. La ministra Magdalena Alvarez, añadió que además de obras de mejora, muchos de estos tramos incoporarán radares y estarán debidamente señalizados, lo que, en opinión de Hidalgo, bastaría para que un juez desestimara el caso desde el punto de vista penal.

Aquél mismo día, el ministro del Interior, indicó también que todos sus departamentos trabajarían desde ahora con los mismos criterios que Fomento y recomendó al resto de administraciones que hicieran lo propio. Un consejo que ahora suena a advertencia para quienes pensaban que la seguridad vial era una responsabilidad exclusiva de los conductores.

Carreteras auditadas

El pasado 18 de noviembre, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE firmaron la directiva sobre gestión de seguridad de las infraestructuras viarias, que compromete a los estados miembros a garantizar una calidad mínima de las vías que gestionan.

Será obligatorio que la seguridad de las carreteras sea auditada de manera independiente y recibirán una clasificación.

Comenta o Pregúntanos