Obama ordena a GM que esté lista para una quiebra ‘quirúrgica’

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Fritz Henderson, consejero delegado de General Motors (GM), señaló ayer que la declaración de quiebra puede ser la única salida viable para el grupo automovilístico estadounidense, que debe presentar un nuevo plan de reestructuración en menos de 45 días.

Sin embargo, los analistas consideran que es más que probable que GM no llegue a esa fecha y se vea obligado a declararse en bancarrota en las próximas semanas.

De hecho, desde la propia Administración del presidente de Estados Unidos Barack Obama se han dado instrucciones a Kent Kresa, presidente interino de GM nombrado por el Gobierno, para que prepare la documentación para una suspensión de pagos, según informaba ayer el diario The New York Times.

La decisión habría sido adoptada al término de una intensa semana de trabajo entre el equipo de Henderson y el equipo de crisis de la Automoción nombrado por la Casa Blanca.

El principal escollo parece ser la reticencia de los tenedores de bonos y del sindicato United Auto Workers (UAW) a aceptar las condiciones que les ha propuesto el grupo automovilístico.

A los primeros les proponía cobrar en efectivo un tercio de los 28.000 millones de dólares que les adeuda GM y el resto en acciones de la compañía reestructurada. Sin embargo, Henderson señalaba ayer mismo que incluso esta propuesta resulta demasiado optimista y que tal vez la cantidad abonada no exceda del 10%.

Al sindicato se le ha propuesto que acepte renunciar a la deuda a cambio de convertirse en accionista de la nueva compañía una vez que se lleve a cabo la «quiebra quirúrgica» propuesta por el equipo designado por Obama.

Esta operación consistiría, según explicó ayer Henderson, en reducir el tamaño del grupo de las ocho marcas actuales a tan sólo dos: Chevrolet y Cadillac, que formarían la GM sana. Este nuevo grupo «saldría de la protección de quiebra en sólo dos semanas», gracias a una inyección de fondos de 5.000 a 7.000 millones de dólares.

De forma paralela, las marcas Buick, Pontiac y GMC pasarían a constituir un paquete que se explotaría bajo contratos de franquicia que aún deben ser negociados.

Por último, se procederá a vender Hummer -una operación que está a punto de cerrarse- y la sueca Saab, que también ha recibido varias ofertas.

Saturn, por contra, será probablemente liquidada. También se cerrarán, de forma escalonada, diversas fábricas en Norteamérica. Para esta segunda parte de la operación, la Administración Obama aportaría hasta un total de 70.000 millones de dólares para resolver obligaciones del seguro médico y hacer frente a las garantías.

Sin embargo, incluso este plan podría verse alterado, ya que el fondo de inversión Abu Dhabi Aabar Investissements -que a finales de marzo tomó un paquete de control en Daimler AG- acaba de dar a conocer que no está interesado en entrar en el capital de Opel.

Esto podría suponer un serio traspiés para Henderson, ya que uno de sus proyectos era convertir a Buick en una franquicia norteamericana de los vehículos de la firma alemana. Y, precisamente, Abu Dhabi Aabar era uno de los pilares del reflotamiento de la marca del rayo.

El ‘sudoku’ de Chrysler

No por contar con Fiat como posible salvavidas, las opciones de Chrysler a partir del próximo 1 de junio son sencillas.

Todas las miradas están puestas en el consejero delegado del grupo italiano, Sergio Marchione. Pero, como en el caso de General Motors, cualquier posibilidad de que Chrysler siga recibiendo fondos públicos pasa por que la Casa Blanca apruebe un plan de negocio y una alianza con Fiat que demuestre que la compañía puede ser rentable. Si pasa esta prueba a finales de mes, Chrysler podría recibir 6.000 millones de dólares adicionales (4.552 millones de euros).

En cualquier caso, antes de constituir la nueva Chrysler también habrá que cuadrar los intereses de Cerberus Capital Management y Daimler, sus actuales accionistas; además de los de los bancos acreedores y las obligaciones con los fondos de pensiones de los sindicatos, que ascienden 8.000 millones de euros.

Así, el acuerdo exige conciliar intereses a múltiples bandas y con un calendario cada vez más parco. Por si acaso, el departamento jurídico del fabricante también ha pensado en un plan b: suspender pagos.