En más de una ocasión el taller se ha encontrado en la tesitura de que el dueño quiere llevarse el coche sin abonar previamente la factura, ya sea porque no está de acuerdo con el precio o porque al final prefiere no repararlo, negándose también a pagar el coste de la diagnosis. Ante esta situación, ¿se puede retener el vehículo o el cliente tiene derecho a llevárselo por ser de su propiedad?
A esta pregunta y otras dudas frecuentes relacionadas con la actividad de la posventa da respuesta La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) a través de su Boletín Jurídico Mensual.
En este caso, y con el Código Civil en la mano, la patronal aclara que el taller está en su derecho de retener el vehículo hasta que el dueño abone la factura. Es más, si no le paga puede incluso subastar el coche para recuperar el importe pendiente.
De esta forma, si el conductor se pusiera “a malas” y decidiera llevarse el coche por la fuerza estaría incurriendo en un delito reflejado en el Código Penal, ya que, a todos los efectos, el taller es el poseedor legítimo del vehículo hasta que se pague la factura.
En caso de desacuerdo entre el taller y el conductor, el protocolo establece que el cliente debe abonar primero la factura y después poner la reclamación correspondiente. De lo contrario, salvo que presente una orden del juzgado, no podrá llevarse el coche.
La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) es una organización sin ánimo de lucro e independiente políticamente fundada en 1957 que agrupa a más de 7.000 asociados entre concesionarios oficiales; compraventas independientes; servicios oficiales; agencias concertadas, y talleres independientes, entre otros sectores de la distribución: vehículos nuevos; usados; turismos; industriales; motocicletas y tractores agrícolas. En conjunto, estas empresas comercializan y dan servicio a más del 80% del parque nacional. El principal objetivo de Ganvam es representar los intereses de los distribuidores y reparadores ante el Gobierno, las distintas AA.PP. y la sociedad en general, potenciando el papel socioeconómico que desempeña su sector, con la creación de 250.000 empleos y una facturación de más 95.000 millones, un 9% del PIB.
