¿Por qué nos matamos?

¿Es posible imaginar un país en el que cada mes se produjesen 100 muertos por causa de un accidente aéreo?

Si situásemos este hecho inimaginable en España, sería el conjunto de toda la sociedad: los poderes públicos, los técnicos, los estudiosos, los medios de comunicación sin exclusiones, los partidos políticos de todas las tendencias, los que, al unísono, se apresurarían a tomar medidas para resolver el problema ante la enorme dimensión material y humana de tamaña catástrofe.

Pues bien, ese supuesto, con la misma dimensión trágica y con una mayor cantidad de victimas, se produce cada mes ante la indiferencia fatalista que han terminado por producirnos las cifras que, de forma reiterada, dan fe las noticias diarias que han situado a España, con Portugal y Grecia, como el país de Europa con mayor numero de muertos y heridos graves por accidentes de tráfico; cinco mil que, probablemente serian más, si se conociese la suerte que corren muchos de ellos después de los treinta días que contabiliza Trafico a partir del día que ocurrió el accidente.

UNA SANGRÍA INSOPORTABLE

En un magnífico estudio realizado por el Real Automóvil Club de Cataluña, que aparecerá reproducido en breve en esta página, esta institución independiente, entre otros datos, arroja las siguientes cifras:

“Cada año mueren en España cerca de 1.400 jóvenes de entre 15 y 29 años en accidentes de tráfico y más de ocho mil resultas heridos graves. Los accidentes de tráfico son la principal causa de mortalidad entre los jóvenes en España, por delante de las drogas y el sida”.

El balance es estremecedor y cuando se comparan las cifras anuales del tráfico en Europa con las de España, a menudo se maneja el falso pretexto de que esta pandemia no es un problema exclusivamente nuestro. Nada más alejado de la triste realidad. Un análisis más riguroso nos descubre que existe una notable asimetría entre muchos de los países que conforman la nueva Europa y que, esa asimetría, es mucho más acusada en el nuestro, ya que del total de cuarenta mil víctimas mortales en toda CE en un año, las aproximadamente cinco mil que se producen en España en el mismo periodo, representan nada menos que el seis por ciento de la totalidad.

Es imposible comparar las cifras de los países del norte de Europa o las del Reino Unido a la hora de establecer coartadas que no sirven en modo alguno para ocultar el problema, con la diferencia añadida de que en estos países el número de autopistas y autovías, por lo general, es menor que las que se han construido en España en los últimos veinte años, y donde, además, la climatología es mucho más adversa que la nuestra.

Por si este dato fuese insuficiente, salvo en Alemania, en España el número de vehículos de alta gama que circulan por nuestras vías, por tanto los teóricamente más seguros, es muy superior al que pueden verse en la mayoría de estos países. Resulta altamente sorprendente comprobar como, nuestros vecinos franceses utilizan por lo general vehículos y modelos menos pretenciosos y de más modestas prestaciones, siendo Francia una nación infinitamente más rica que la nuestra.

Este factor debería permitirnos pensar que, la incidencia del automóvil en la siniestralidad del tráfico, representa un porcentaje mínimo debido a los grandes avances de la técnica, sobre todo, en los modelos de alta gama en materia de seguridad activa con las ayudas a la conducción gracias a los grandes logros de la electrónica.

En seguridad pasiva, la construcción de los habitáculos cada vez más seguros e indeformables y los sistemas de retención y protección de los ocupantes, tendríamos un mayor motivo para descartar al automóvil como causante de la accidentalidad en la inmensa mayoría de los casos.

El otro factor que manejamos a la hora de establecer causas y porcentajes de culpabilidad, es la vía. Pero si bien es cierto que, como ya se ha apuntado, nuestra red viaria a aumentado de forma espectacular en los últimos años- muy por encima de países como Suiza, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda, Noruega o Finlandia-, a su mala conservación se une un sistema de señalización tercermundista causante de muchos accidentes, y cuando la incidencia de la vía debería arrojar cifras casi despreciables, en España, su culpabilidad directa en los accidentes es muy superior a las que soportan los países mencionados.

Pero aunque se valoren las vías en España con un nivel de peligrosidad muy por encima de lo deseable, tampoco son éstas la causas únicas y más directas del desproporcionado número de muertos y heridos en el conjunto de los accidentes que se producen en nuestro país.

EL HOMBRE, PRINCIPIO Y FIN DE TODAS LAS COSAS

De todo lo expuesto se deduce que el tercer factor, el hombre, el conductor, el peatón, es el causante directo de la siniestralidad en un porcentaje que, según los países y las diferentes valoraciones, va desde el setenta por ciento hasta el noventa en muchos casos.
Por tanto, lo lógico, lo que nos demuestran los datos empíricos e irrefutables, es que es sobre el hombre, sus conductas, sus reacciones, muchas veces incomprensibles e irracionales, su transformación al volante, su agresividad, cada día más acusada, y su falta de respeto a las normas y a sus semejantes, añadido al vértigo de la velocidad que domina a muchos conductores y el morbo absurdo de burlar constantemente la ley, son algunos de los aspectos del problema sobre los que el conjunto de la sociedad debe emplear todos los recursos y todos los esfuerzos que sean necesarios para combatir de modo eficaz una plaga cada día más insoportable.

LA LETRA CON SANGRE ENTRA

Basados en este dato comprobado, el Gobierno actual, su Ministro del Interior y la Dirección General de Tráfico, en virtud de una promesa electoral, han ido implementado una serie de medidas a lo largo de esta legislatura que desde el principio hacían concebir esperanzas basadas, sobre todo, en la implantación del sistema del carné por puntos.
La segunda gran apuesta ha llegado con la reforma del Código Penal que endurece las penas para aquellos conductores que por excesos de alcohol, drogas o velocidades muy superiores a las establecidas, serán sancionados o castigados con penas de prisión hayan o no causado daño a terceros.

Ambas medidas, defendidas por el autor de este artículo durante años, están causando una gran decepción en la mayoría de los conductores, ya que la sensación que se percibe desde todos los ámbitos, lejos de la pedagogía que se buscaba, ha terminado por crear en la opinión la certeza de que el sistema no ha funcionado y que el propósito inicial ha acabado por transformarse en una forma rápida de recaudar recursos para las arcas del Estado.

La segunda medida, la más trascendente, la reforma del Código Penal, si como se teme va a cumplirse en toda su amplitud, algo que puede crear conflictos monumentales en una sociedad tan garantista como la nuestra, nace sin la falta de consenso obligada si se tiene en cuenta que, el partido de la oposición que cuenta con diez millones de votantes, se ha opuesto admitiendo sólo con ligeros matices la totalidad de la ley. Además, algunos de los ponentes de dicha ley la han firmado, nos consta, sin estar totalmente de acuerdo. Resulta doblemente curioso que, también un partido político que de forma constante se muestra en consonancia con el PSOE, haya recomendado, antes de aceptar, el empleo de otras medidas de mayor calado a todas luces mucho más necesarias.

Pero con independencia de que un posible cambio del Gobierno en algún momento puede aconsejar su derogación al menos parcial, esta ley pone en manos de la DGT poderes superiores a los que los delegados de los gobiernos ostentan en estos momentos.

Si el futuro de la seguridad del tráfico y el número de víctimas que produce, pretende solucionarse con medidas represivas que gravitan de forma exclusiva sobre los conductores, nunca se alcanzará el objetivo.

La enseñanza que se aplica a un animal que pretendemos que conviva en nuestra compañía, jamás comienza dándole palos y aplicándole castigos. Es siempre su instinto, ya que no su inteligencia, la que acaba por hacerle entender el camino a seguir. Ningún colectivo humano, gracias a su superior raciocinio y natural derecho a defenderse, ha aceptado nunca de buen grado todo aquello que se le impone sin antes explicarle las razones de tal imposición, involucrándole además en ellas como el principal protagonista.

UN PACTO NACIONAL

Un problema de tales dimensiones como el padecemos, sólo puede afrontarse desde el conjunto de la sociedad española y con la firme determinación de los poderes públicos. Las grandes inversiones que requiere su solución, hacen que sea imprescindible el compromiso y el empeño decidido, en primer lugar, de todas las instituciones del Estado: asociaciones de vecinos y automovilistas, compañías de seguros, fuerzas del orden, universidades, educadores, fabricantes de vehículos, grandes empresas, arbitrando para ello exenciones fiscales en correspondencia a la dedicación de parte de sus recursos a la seguridad vial; los bancos y las cajas de ahorros (los costes de la accidentalidad, como el absentismo laboral, las indemnizaciones, el lucro cesante, la asistencia médica o los destrozos materiales que causan los accidentes, son en la actualidad muy superiores a las cantidades que deberían invertirse en seguridad y en educación vial), y, en definitiva, a todas las partes implicadas en el problema, con mención especial a los medios de comunicación privados y del Estado. Sin ese pacto global, difícilmente cambiará la situación y mejorarán las conductas.

En España, la rebeldía y la oposición a la norma han producido siempre en los españoles una especial habilidad para sortearla. Todos tenemos que acabar admitiendo, sin represiones ni castigos, a través del convencimiento, que no existe la libertad sin normas. Compete por tanto al Estado en primer lugar, poner en marcha un ambicioso programa pedagógico y de información constante, si queremos llegar a la meta que todos deberíamos proponernos. La mala conducta de los reincidentes y delincuentes en materia de tráfico, a los que todos los días causan dolores indescriptibles en el seno de tantas familias, a esos sí, a esos, además de castigarlos con él máximo rigor, debemos penalizarlos con el desprecio y el rechazo de todo el conjunto de la sociedad.

Paco Costas

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