En octubre del año pasado, el Congreso de los Diputados recibió un escrito en el que se alertaba sobre las presiones que están recibiendo los agentes de Tráfico de la Guardia Civil que denuncian el mal estado de las carreteras. No han hecho nada por evitarlo.
La semana pasada, AUTOBILD.ES mostraba la orden escrita por la que el jefe provincial de Tráfico de Zamora pedía a la Guardia Civil que no denunciara el mal estado de las carreteras. La carta estaba dirigida al capitán jefe del Subsector de Tráfico de Zamora, Jesús José González Tejada, y se envió con fecha de salida del pasado 22 de septiembre.
La orden de no permitir a los guardias civiles de Tráfico denunciar el mal estado de las carreteras –en su lugar, deben limitarse a redactar un informe– era un secreto a voces entre los destacamentos. Por lo que el documento destapado por AUTOBILD.ES venía a confirmar las presiones que, desde hace tiempo, reciben los miembros de la Guardia Civil.
Una semana después, AUTOBILD.ES ha tenido acceso a un nuevo documento que demuestra, no solo que estas órdenes verbales vienen de atrás, sino que la Comisión de Seguridad Vial y el Congreso de los Diputados estaban al tanto de ellas.
El pasado mes de octubre, Juan Carlos Toribio, guardia civil de Tráfico varias veces expedientado por denunciar en más de 200 ocasiones el mal estado de las carreteras y la pasividad de la Administración, presentó un escrito ante el Congreso en el que exponía el caso.
En un documento de más de diez folios, Toribio relata que «como guardia civil se me ha prohibido de forma reiterada y dentro del ejercicio de mi profesión, formular denuncias por las ilegalidades e incumplimientos del Reglamento General de Circulación relacionadas con el estado de conservación de la red de carreteras».
Tal y como recoge Toribio en su escrito, resulta curioso que el titulo 6 de las Normas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ordene «denunciar todas las infracciones que se observen, sean leves, graves o muy graves». Sin embargo, este mismo protocolo establece que «las deficiencias y señalización de carreteras» deben ser comunicadas –no denunciadas– a las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
Juan Carlos Toribio asegura que «los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil están recibiendo presiones importantes por parte de sus mandos» y denuncia la falta de ética que supone que los agentes «sean limitados en sus funciones a la persecución exclusiva de infracciones cometidas por particulares, pero no las cometidas por responsables de las vías públicas pertenecientes a la Administración».
Por último, solicita: poder ejercer su obligación a presentar cuantas denuncias estime oportunas; la retirada inmediata «de las órdenes recibidas y relacionadas con la imposibilidad de denunciar infracciones sobre el estado de conservación de la carretera» y la rectificación del protocolo que deja fuera del apartado ‘denuncias’ las infracciones relativas al estado de las vías.
Desde entonces, Toribio ha recibido dos respuestas. La primera era una especie de acuse de recibo. La segunda, enviada a finales de año, le informaba de que el caso había sido enviado a la Comisión de Interior. Nada más ha vuelto a saber del tema.